La Sareb, el llamado «banco malo» que nació en 2012 para absorber los activos inmobiliarios tóxicos de la crisis, tiene una fecha de caducidad y dos misiones que no siempre caminan a la vez. Por un lado, el Gobierno le ha encomendado traspasar decenas de miles de viviendas y de suelos a Casa 47, la nueva entidad pública de vivienda asequible. Por otro, la sociedad sigue obligada a recuperar la mayor parte posible de una deuda avalada por el Estado, y eso pasa por vender. Una información publicada esta semana, muy crítica con el Ejecutivo, sostiene que ese equilibrio se ha roto a favor de la venta: afirma que solo se han cedido 638 viviendas a Casa 47, el 1,5 % de lo prometido, mientras que más de 3.000 viviendas de obra nueva se retendrían para el mercado libre. Conviene separar lo que está documentado de lo que no.
Empecemos por lo que está en el terreno de los hechos. Sareb recibió en 2012 inmuebles y préstamos por unos 50.800 millones de euros, y todavía mantiene en balance unos 16.000 millones, por lo que no podrá liquidar su cartera antes de noviembre de 2027, fecha en la que está previsto que entre en liquidación mercantil; la propia sociedad no descarta prolongar su actividad hasta 2030. El traspaso a Casa 47 incluye unas 40.000 viviendas, de las que cerca de 30.000 están vacías, más alquileres sociales y viviendas heredadas, y unos 2.400 suelos con capacidad para hasta 55.000 unidades. De esas viviendas, unas 3.000 están ocupadas ilegalmente, y el Gobierno ha encargado vaciarlas, mediante acuerdos amistosos con los ocupantes y no mediante lanzamientos judiciales, que pueden tardar entre tres y diez años según el caso. Es probablemente la razón por la que en el debate público se habla tanto de pisos ocupados.
La parte más polémica es la de la obra nueva. Sareb, a través de su filial promotora Árqura Homes, tiene en marcha más de cincuenta promociones y prevé terminar y entregar unas 2.800 viviendas, con entregas que se escalonan entre mediados de 2027 y finales de 2028. Según las informaciones sectoriales, estas promociones quedaron fuera del traspaso general porque ya estaban en fase de precomercialización, es decir, con compradores particulares que habían reservado, y se dirigen a familias: viviendas de dos o tres dormitorios repartidas por comunidades como Valencia, Andalucía, Canarias, Castilla y León, Galicia, Asturias, Cantabria, Cataluña y País Vasco. En el mismo paquete, Casa 47 se encargará de unas veinte promociones en suelos de Árqura con capacidad para unas 5.000 viviendas, es decir, la actividad pública no queda al margen de la promotora.
Dónde discrepan las versiones es en el precio y en el número. La información crítica habla de más de 3.000 viviendas y de un precio medio superior a 500.000 euros, con productos de entre medio millón y un millón. Las demás fuentes consultadas hablan de en torno a 2.800 viviendas y no ofrecen precios; el único dato de referencia es que el ticket medio histórico de las ventas de Sareb, casi 71.000 viviendas en trece años, ha sido de unos 100.000 euros. No es imposible que determinadas promociones en zonas muy caras superen con creces esa media, pero la cifra de medio millón como precio medio no ha podido contrastarse y procede de fuentes anónimas y de documentos que no se citan. Tampoco hay una fuente oficial visible que confirme las 638 viviendas cedidas: ninguna de las informaciones abiertas consultadas da una cifra de lo ya traspasado, y varias indican que algunos activos aún deben completar trámites de adecuación, transformación o ejecución hipotecaria antes de pasar a Casa 47.
De ahí que el 1,5 % no deba tomarse como un dato firme, sino como una afirmación pendiente de confirmación. Lo que sí sabemos es que el calendario es largo: Sareb entra en liquidación en noviembre de 2027, y la transferencia de activos continuará incluso después, según las informaciones sobre Andalucía, donde el traspaso previsto asciende a unas 4.100 viviendas y más de 230 suelos, todavía sujetos a esos trámites. Y sabemos que existe un conflicto estructural, que el Ministerio de Vivienda defiende como parte de una política de más vivienda pública y que la oposición cuestiona por su lentitud: el parque público de vivienda en España apenas supera el 2 %, frente al 20 % de Austria, y la demanda de vivienda asequible supera los dos millones de solicitudes.
Tampoco ayuda a tranquilizar el debate que el motivo de la decisión de marzo, cuando la Junta de Sareb bloqueó comercialmente casas y suelos destinados al traspaso, se atribuya en la información crítica a una decisión política repentina que habría generado inseguridad jurídica para la promotora y sus compradores, con fuentes anónimas o de la propia empresa. Y hay un matiz que cualquier análisis debe considerar: vender las promociones mejores y más avanzadas ayuda a recuperar parte de la deuda que el Estado avaló, y ceder las menos atractivas a una entidad pública puede ser una forma de cumplir ambas misiones, aunque deje la impresión de que a Casa 47 llega lo peor. Es una tensión real entre dos objetivos, no necesariamente una contradicción ni una trampa.
En plena precampaña, con las elecciones del 29 de noviembre a un mes, la cifra de las 638 viviendas funciona como arma política. Mientras no haya un dato oficial de lo traspasado, la respuesta sobre quién tiene razón tiene que esperar.