En lo alto de un rascacielos sin terminar, entre decenas de ventanas negras y plantas que se pierden en la oscuridad, hay una única luz encendida. El vídeo que la muestra se ha viralizado estos días en las redes sociales chinas y ha convertido esa vivienda en un símbolo de la crisis inmobiliaria del país. Detrás del cristal vive una familia que compró un piso sobre plano, siguió pagando la hipoteca mientras los obreros desaparecían de la obra y acabó por acondicionar la casa por su cuenta, con conexiones improvisadas de agua y electricidad. Cada día sube más de veinte pisos por unas escaleras que todavía pertenecen a una obra.

Las imágenes han despertado indignación y solidaridad, pero sobre todo una pregunta incómoda: cuántas familias viven situaciones parecidas sin que nadie conozca su historia. En China existe una palabra para estos esqueletos de hormigón, lanweilou, que significa literalmente «edificios de cola podrida». Son promociones paralizadas cuando las promotoras se quedaron sin dinero: torres con la fachada terminada pero sin instalaciones, bloques rodeados de grúas oxidadas, urbanizaciones enteras donde la maleza ha ocupado el lugar de los jardines prometidos. Sus compradores pagaron por adelantado viviendas que quizá nunca podrán habitar.

Uno de esos casos es el de Qi Qi, que en Chengdu, al suroeste del país, compró en 2023 un apartamento de 57 metros cuadrados por 500.000 yuanes, unos 60.000 euros al cambio de entonces. Era casi todo lo que podía permitirse tras años trabajando de dependienta. La entrega estaba prevista para enero de 2024, pero la obra se detuvo. Ella pagaba cada mes 2.500 yuanes de hipoteca y otros 1.500 de alquiler con un sueldo que rondaba los 4.000, una ecuación imposible de sostener. En 2025 decidió mudarse al piso a medio terminar, sin luz, agua ni gas, y subió sus cosas a la tercera planta alumbrándose con una linterna, por un pasillo cubierto de polvo y con el ascensor fuera de servicio. Su casa, recién pintada en tonos claros, contrastaba con el abandono del resto del edificio.

Lo que le ocurrió no es una anécdota. Miles de familias han intentado negociar con las promotoras y acudir a los tribunales, y en varias ciudades han estallado protestas, la mayoría silenciadas por la prensa local. Quienes habían invertido sus ahorros para escapar del alquiler han terminado en condiciones peores que las de muchas viviendas precarias.

El origen del problema está en el modelo que alimentó durante décadas el llamado milagro del ladrillo. Las promotoras vendían los pisos sobre plano y usaban ese dinero para financiar nuevas promociones. En 2021, en torno al 87 % de las viviendas nuevas se vendía antes de estar terminada. El sistema funcionaba mientras los precios subían y los compradores no dejaban de aparecer: las empresas acumulaban terrenos y deuda, los gobiernos locales ingresaban miles de millones con la venta de derechos de uso del suelo y las familias veían en el ladrillo su inversión más segura.

En 2020, el Gobierno, alarmado por una burbuja que seguía hinchándose, endureció los límites al endeudamiento de las promotoras. Un año después estalló el caso Evergrande, el gigante levantado sobre una montaña de deuda, y otras compañías quedaron atrapadas por sus propios problemas financieros. Con las ventas en caída, los ingresos se secaron y numerosas obras se quedaron sin fondos. La crisis golpeó también la confianza en un país donde tener vivienda en propiedad sigue siendo casi una condición para formar una familia. Llegó a surgir un movimiento de boicot hipotecario, con compradores de promociones paralizadas que amenazaban con dejar de pagar sus préstamos, y las autoridades respondieron con mecanismos de financiación para acabar las obras y contener un problema que podía contagiarse al sistema bancario.

El agujero, sin embargo, está lejos de cerrarse. Una encuesta entre analistas publicada en agosto preveía que la inversión inmobiliaria caería un 20 % en 2026 y que los precios de la vivienda bajarían un 3,4 %. Las ventas medidas por superficie retrocedían además un 12,1 % interanual en los ocho primeros meses del año. Pekín ha tratado de sostener el sector con ayudas, facilidades de crédito y programas para completar promociones paralizadas, a la vez que intenta reducir la dependencia de las preventas. A finales del verano anunció una reforma para favorecer la venta de viviendas ya terminadas, reforzar el control del dinero que adelantan los compradores y evitar que nuevas familias queden atrapadas en edificios que no llegan a entregarse. Ninguna norma, con todo, puede borrar de golpe los esqueletos de hormigón acumulados durante años.

La luz que se ve desde la calle no anuncia que la obra haya terminado. Es la señal de alguien que, tras años esperando las llaves, ha decidido vivir dentro de lo que le prometieron.