La pregunta que se hacen estos días muchos vecinos al ver contenedores ardiendo y escaparates reventados es qué ha pasado con las conversaciones sobre vivienda, educación o convivencia, y por qué cualquier desacuerdo parece valer ya como pretexto para el caos. Los hechos de las últimas semanas en A Coruña, Bilbao y varias ciudades francesas ayudan a responder, aunque la respuesta es más matizada que un simple “ya no se respeta nada”. En los tres casos hubo un motivo político o social de partida, una mayoría que protestó sin violencia y una minoría que aprovechó la ocasión para destrozar, y entre los detenidos aparecen muchos menores.

En A Coruña, el miércoles 21 de octubre, la visita del líder de Vox, Santiago Abascal, a la plaza de María Pita provocó una manifestación convocada por Galiza Nova, la sección juvenil del BNG, que según los organizadores reunió a más de 5.000 personas de forma pacífica. La tensión llegó cuando los antidisturbios contuvieron a quienes intentaban romper el cordón policial. Tras la marcha de Abascal, un grupo lanzó piedras y sillas, y por la tarde, ya con jóvenes embozados, se incendiaron unos 30 contenedores con gasolina y se lanzaron botellas y petardos contra los agentes. Hubo más de quince heridos, doce de ellos policías, además de una periodista alcanzada por una pedrada, y tres detenidos que quedaron en libertad con cargos. El delegado del Gobierno habló de un “grupúsculo” que buscaba “la violencia por la violencia”. Galiza Nova, por su parte, calificó las cargas policiales de desproporcionadas y aseguró que entre los afectados había menores de 14 y 15 años.

El lunes 26, en Bilbao, estaba prevista una intervención de Vito Quiles en la Universidad de Deusto. Una concentración de varios miles de personas se opuso al acto, que el invitado canceló media hora antes por razones de seguridad. Cuando la concentración se disolvió, varios cientos de personas se desplazaron a otras zonas y comenzaron los disturbios: decenas de contenedores quemados, una moto de la policía municipal incendiada, unos seis vehículos ardiendo, daños en mobiliario urbano y saqueos de comercios, sobre todo pequeños negocios familiares en Indautxu. La Ertzaintza detuvo a 19 personas, entre ellas siete menores, y otras tres quedaron investigadas. El consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, aseguró que los altercados estaban “perfectamente preparados” y el alcalde, Juan Mari Aburto, los calificó de “espeluznantes”. Todos los grupos del Ayuntamiento, salvo EH Bildu, firmaron una declaración de condena, y los sindicatos y organizaciones convocantes se desmarcaron de los incidentes.

El caso francés es el que explica mejor la pregunta sobre qué se está construyendo. Allí la revuelta nació a mediados de septiembre en un liceo de las afueras de París y se extendió a todo el país, con cientos de centros bloqueados, por motivos muy concretos: falta de profesores sustitutos, jornadas sobrecargadas, aulas masificadas y deterioradas. Las marchas del 6 de octubre reunieron a unas 256.000 personas en Francia según el Ministerio del Interior y a 450.000 según los organizadores. Pero la protesta derivó también en choques con la policía, objetos incendiados y centros educativos dañados o saqueados. Las cifras de Justicia hablan de casi 6.900 detenidos desde el inicio del movimiento, el 86 % de ellos menores, y de 761 policías y gendarmes heridos. También hay jóvenes gravemente heridos por la actuación policial, con casos investigados por el órgano disciplinario de la policía, lo que ha empujado a sindicatos y familias a sumarse al movimiento. El Gobierno respondió con tres mil profesores sustitutos y con la promesa de revisar la duración de la jornada escolar, mientras acusaba a la oposición de explotar el malestar con vistas a las presidenciales.

Visto en conjunto, el patrón se repite. La causa de partida es legítima o, al menos, expresable por cauces legítimos: una visita política polémica, una escuela que no funciona, un coste de vida que aprieta. Pero la violencia no la protagoniza quien tiene ese motivo, sino quien lo usa de coartada. En Bilbao y A Coruña, quienes saquearon peluquerías y pequeños comercios no estaban denunciando nada. En Francia, los incendios en colegios perjudican precisamente a los alumnos cuyas condiciones se reclama mejorar. Un profesor de seguridad consultado por un medio sobre las convocatorias en España señalaba que detrás no hay un único actor ni un único interés, sino ideología, grupos de amigos sin objetivo claro y delincuentes oportunistas, y que los menores son más fáciles de arrastrar y más permeables a lo que circula por redes. Esas convocatorias se organizan en Telegram, WhatsApp y TikTok, con el término francés “blocus” como bandera, y las autoridades ya han pedido cerrar grupos, como los de Barcelona, uno de los cuales superaba los 2.000 miembros y recomendaba ir con máscaras y pasamontañas.

Aquí aparece la cuestión de la minoría de edad, que es el punto sobre el que más se discute. Que los detenidos sean menores significa que la respuesta penal tiene límites y que debe ser sobre todo educativa, con medidas de responsabilidad que los jueces ya aplican, por ejemplo prohibiendo a algunos detenidos asistir a manifestaciones. No significa impunidad: en Barcelona, un juez describió una protesta “vacía de contenido” cuyo fin era saquear tiendas. Tampoco hay que olvidar que la mayoría de los jóvenes que salieron a la calle lo hicieron sin violencia, y que mezclar a unos y a otros reduce la credibilidad de la protesta pacífica y facilita que se deslegitime cualquier reivindicación.

La escalada, además, no parece haber terminado. Hay nuevas convocatorias en Cataluña para el 31 de octubre y el 20 de noviembre, y los Mossos han pedido por primera vez colaboración al centro estatal de inteligencia contra el terrorismo y el crimen organizado para bloquear nuevos grupos. En Galicia, los convocantes de las movilizaciones de la semana pasada ya han llamado a secundar la huelga general del 11 de noviembre.