Hay frases que, dichas en televisión, tienen una vida corta. Y otras que vuelven a la superficie en cuanto alguien consulta un registro. La que pronunció Iván Redondo, exdirector del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, al defender que para él la vivienda “no es un bien de mercado, es mi hogar” pertenece a las segundas. En los últimos días se ha publicado un repaso de su patrimonio inmobiliario que cifra en torno a 3,7 millones de euros las operaciones de compra de vivienda en las que aparece, y la discusión ha pasado de la intimidad de un hogar a una pregunta pública: qué significa decir que la vivienda no es un negocio cuando se ha comprado varias veces.
Conviene empezar por lo que se sabe y por lo que no. El origen inmediato del debate es la compra de un piso de 147 metros cuadrados útiles en la calle Diego de León, en el barrio de Salamanca de Madrid, donde Redondo vivía como inquilino. La escritura se firmó el 16 de septiembre de 2025 y se inscribió en el Registro de la Propiedad el 7 de octubre. El vendedor fue la Tesorería General de la Seguridad Social, propietaria del edificio desde mediados del siglo pasado, y el precio fue de 1.120.921 euros, unos 7.625 euros por metro cuadrado. La compra se financió con una hipoteca de 769.000 euros a treinta años, con vencimiento en 2055, y la vivienda figura a nombre de Redondo y de su esposa al 50 %.
El punto que más ruido ha generado es la comparación con el mercado. Un medio ha estimado que el valor de referencia del piso rondaría los 1,59 millones, a partir de precios de unos 10.800 euros por metro cuadrado en la zona, lo que dejaría una diferencia de casi medio millón de euros. Es una estimación de ese medio, no una tasación pericial, y el propio relato aclara que el uso del derecho de adquisición preferente que tienen los inquilinos, previsto en la Ley de Arrendamientos Urbanos, no demuestra por sí solo ninguna irregularidad. Redondo ha explicado que la Seguridad Social le planteó comprar o marcharse, y que no tenían otra opción que hipotecarse “como cualquiera”. También ha dicho que terminarán de pagarlo a los 74 años y que la publicación de los datos supone un ataque contra su hogar.
A partir de ahí, las informaciones han ampliado el foco al resto de sus operaciones. Según los registros citados, en agosto de 2021 compró un ático en San Sebastián con una hipoteca de 328.000 euros, en octubre de 2023 y enero de 2025 dos pisos de unos 61 metros en Errenteria, aparentemente sin hipoteca inscrita, y en agosto de 2024 la mitad de un piso de 112 metros en el centro donostiarra, junto a su mujer, con un préstamo de 500.000 euros y una tasación de 1,2 millones. La suma de la deuda hipotecaria acumulada se situaría en unos 1,6 millones. Son datos de registros a los que ha accedido un solo medio, y la cifra global de 3,7 millones que da el titular que ha encendido el debate no he podido comprobarla por su composición exacta.
Hay además un matiz sobre cuánto tiempo vivió Redondo de alquiler. Él se describe como inquilino de toda la vida, y las informaciones hablan de un alquiler de 975 euros mensuales en 2011 que habría subido a 1.147 en 2025, lo que supone casi catorce años en el piso de Madrid, mientras que sitúa en más de veinte la renta de una casa en León. Son cuentas distintas que conviene no mezclar.
La crítica política es evidente: quien proclama que la vivienda no es un negocio y acumula varias compras sin que se haya acreditado que las haya revendido o alquilado con ánimo de lucro se expone a que lo señalen por incoherencia. La defensa es igualmente clara: comprar la casa en la que se vive, aprovechando un derecho que reconoce la ley, no equivale a especular, y tener otras propiedades no contradice que cada una se considere un hogar. Entre ambas posiciones, lo que la discusión deja a la vista es lo difícil que es defender hoy, desde cualquier lado, que la vivienda no sea también un activo en un país donde el precio de las casas es la principal preocupación económica de muchos hogares.
El episodio llega, además, en plena campaña de las elecciones del 29 de noviembre, con la vivienda en el centro del debate y un Gobierno que promete más intervención en el mercado. En ese contexto, cada patrimonio inmobiliario de un exresponsable político se convierte en munición, y no solo contra el protagonista, sino contra el discurso que representa.
La historia, mientras tanto, se ha ampliado en otra dirección: en paralelo, el propio Redondo ha creado una sociedad de cartera con sede en San Sebastián para invertir en empresas industriales, entre ellas un grupo vasco de mecanizado de precisión del que ha comprado el 51 %. No hay, según lo publicado, actividad inmobiliaria en esa nueva sociedad.

