El Gobierno de los Países Bajos ha anunciado que eliminará 25.000 puestos de la administración central hasta 2035, en torno al 16 % de una plantilla de unos 160.000 empleados a tiempo completo. El plan, que ha presentado el secretario de Estado para una Administración Eficaz, Eric van der Burg, en una carta al Parlamento, prevé un ahorro de 900 millones de euros anuales a partir de 2027 y de 3.500 millones al año desde 2035. Quedan fuera policía y defensa, y los mayores recortes recaerían en ministerios, órganos de inspección y agencias que ejecutan políticas públicas, con algunos departamentos donde, según algunas informaciones, el ajuste podría alcanzar entre el 45 % y el 60 %. La frase que resume el enfoque es suya: el Estado debe ser “más simple, más inteligente y más pequeño”, y hay que dejar de “hacer lo mismo que hasta ahora”.

Conviene leer la letra pequeña antes de convertirlo en titular. La inteligencia artificial es la bandera del plan, pero el Gobierno todavía no ha explicado cómo sustituirá o aliviará tareas concretas: los objetivos y el plan de ahorro ligados a la IA se presentarán en el primer trimestre de 2027. La justificación se apoya en mociones parlamentarias no vinculantes que piden una mejora del 20 % de la productividad gracias a esta tecnología. Y la palanca no es solo tecnológica: el plan incluye la eliminación o simplificación de al menos 500 normas al año, la estandarización de sistemas informáticos, el recorte de servicios internos de los ministerios y de órganos consultivos, y una reforma de la ley de acceso a la información pública. Tampoco queda claro si habrá despidos forzosos o si el ajuste se producirá por jubilaciones y no reposición. Los propios medios neerlandeses recuerdan que otros gobiernos intentaron adelgazar la administración y la plantilla siguió creciendo.

La pregunta que se hacen muchos lectores en España es si algo así funcionaría aquí. La respuesta honesta es que el punto de partida y las reglas del juego son muy distintos.

Empecemos por el tamaño. Según la Encuesta de Población Activa, el empleo público español alcanzó en el primer trimestre de 2026 los 3.662.500 ocupados, un 16,4 % del total y 544.700 más que en 2018, un aumento del 17,5 % frente al 14,8 % del privado. Pero esa cifra engaña si se piensa en “ministerios”. Más de la mitad de los empleados públicos dependen de las comunidades autónomas, que concentran sobre todo sanidad y educación. Es decir, lo que se parece al recorte holandés, el aparato administrativo de la Administración General del Estado, es solo una parte del conjunto, y la mayoría de los puestos son médicos, enfermeras, docentes, policías, jueces o personal de servicios que no se sustituye con un modelo de lenguaje.

Después, el marco jurídico. Un funcionario de carrera en España tiene estabilidad en el empleo, y salvo expediente disciplinario o supuestos tasados, no puede ser despedido porque una máquina haga su trabajo. Un recorte por esa vía exigiría reformar el Estatuto Básico del Empleado Público, algo políticamente explosivo y con un coste de conflicto enorme. Lo que sí es posible, y se hace con frecuencia, es no cubrir las jubilaciones. Y ahí hay un dato relevante: la edad media en la Administración General del Estado es de unos 50 años y el 57 % de la plantilla supera esa edad, según un estudio oficial. Es una ventana demográfica para reorganizar sin despedir, siempre que haya procesos digitalizados que absorban la carga.

Queda el argumento que el propio lector plantea: que muchos funcionarios fichan y se van a casa o salen de compras. Es un tópico muy extendido, y hay casos concretos sancionados, pero no existe una estadística pública que demuestre que sea una práctica generalizada. Lo que sí hay son datos sobre ausencias. Según el informe trimestral de Adecco, en el primer trimestre de 2026 el 7,62 % de las horas pactadas no se trabajaron en el conjunto del país, y en las administraciones públicas la tasa ronda el 8,2 %, con unas 114.000 personas ausentes cada día, de las que unas 82.000 por motivos médicos. Es una diferencia pequeña respecto a la media, y la mayor parte son bajas médicas, permisos y maternidad, no escaqueo. Los sindicatos recuerdan, además, que la tasa mide horas no trabajadas y no personas que falten deliberadamente, y que el envejecimiento de las plantillas y la falta de relevo explican buena parte del problema. Ahora bien, la ausencia de datos desagregados y públicos es precisamente lo que permite que cada bando lea lo que quiere.

En ese terreno, la lección holandesa más aprovechable para España probablemente no sea la IA, sino lo menos glamuroso: medir. El Estatuto Básico del Empleado Público ya prevé la evaluación del desempeño, pero su aplicación real es mínima y casi nunca tiene consecuencias. Un control horario fiable, objetivos por servicio y datos públicos sobre ausencias permitirían distinguir al empleado que sostiene su unidad del que no aparece, algo que hoy se discute con anécdotas.

La IA puede ayudar en tareas muy concretas, como la tramitación de expedientes repetitivos, la atención telefónica, la clasificación de documentos o la detección de errores, y ahí hay margen real de ganancia de productividad. Pero convertirlo en recorte de plantilla exige tres cosas que hoy no están: procesos rediseñados antes de automatizar, sistemas informáticos compatibles entre administraciones y voluntad política de asumir el coste de decir qué servicios se dejarán de prestar. Ese último punto es el que el propio Gobierno neerlandés reconoce, cuando admite que habrá cosas que el Estado hará “de otra manera, menos o ya no”.