Tres economistas de referencia, tres diagnósticos distintos, una misma conclusión. Gonzalo Bernardos, Paloma Taltavull y Daniel Lacalle han puesto sobre la mesa lo que muchos ya viven en primera persona: el mercado de vivienda en España ha dejado de funcionar para una parte creciente de la población.
La frase que lo resume es de Bernardos: si antes había pocas probabilidades de encontrar piso, ahora es una misión casi imposible. Y los datos que maneja le dan la razón. El precio de la vivienda de segunda mano ha alcanzado los 2.738 euros por metro cuadrado, un 45% más que hace cinco años. El alquiler medio ha pasado de 900 euros a 1.149 euros mensuales, un incremento superior al 26%. Y los salarios no han crecido ni de lejos a ese ritmo. Para muchas familias jóvenes, el alquiler consume entre el 40% y el 50% del sueldo, muy por encima del 30%-35% que los organismos económicos consideran el límite razonable.
Bernardos apunta directamente a la Ley de Vivienda como uno de los principales detonantes. La norma, diseñada para contener precios, ha generado una fuerte inseguridad entre los propietarios, que han retirado sus inmuebles del mercado tradicional para pasarlos al alquiler de temporada, al turístico o directamente a la venta. En ciudades como Barcelona, la oferta de alquiler residencial ha caído más de un 25% en el último año. Mientras tanto, la demanda no para.
Daniel Lacalle pone el foco en el desequilibrio estructural: no hay casas suficientes donde la gente quiere vivir. España crea unos 260.000 hogares nuevos cada año, pero la construcción apenas alcanza las 130.000 viviendas anuales. Ese déficit se acumula ejercicio tras ejercicio y no hay medida de contención de precios que pueda compensarlo. La vivienda cara y escasa, señala Lacalle, no es una fatalidad ni un fenómeno natural. Es el resultado de decisiones concretas.
Paloma Taltavull aporta una lectura más estructural: el problema no es solo de oferta ni solo de regulación. Es la combinación de una demanda que lleva años creciendo por encima de lo que el mercado puede absorber, una fiscalidad que desincentiva la promoción en determinadas zonas y unos plazos urbanísticos que hacen imposible responder con agilidad a los cambios de la demanda.
El resultado de todo esto lo están pagando las familias que no pueden emanciparse, los jóvenes que alargan la convivencia con sus padres más allá de lo que querrían y quienes destinan una parte desproporcionada de su renta a mantener un techo. Mientras el debate político sigue centrado en medidas de choque, los economistas llevan meses diciendo lo mismo: sin más oferta, no hay solución posible.