Las bajas por incapacidad temporal llevan meses en el centro del debate político español. Las declaraciones de Alberto Núñez Feijóo apoyando que los trabajadores en baja vean reducido su salario encendieron la mecha. Pero detrás del ruido político hay una pregunta que merece un análisis serio: ¿qué dicen realmente los datos?

El punto de partida es la reforma de 2020 que derogó el artículo 52.d) del Estatuto de los Trabajadores. Hasta entonces, ese artículo permitía el despido objetivo —con indemnización de 20 días por año trabajado— cuando un trabajador acumulaba un porcentaje determinado de faltas de asistencia, aunque estuvieran justificadas por baja médica. La derogación eliminó esa posibilidad. Y desde entonces las bajas han aumentado de forma significativa.

Los datos del periodo 2012-2020, cuando la norma estaba vigente, muestran que las ausencias por incapacidad temporal fueron inferiores a las esperadas dado el perfil de la población trabajadora y el contexto económico. Eso sugiere que la posibilidad de despido objetivo actuaba como desincentivo. Lo que los economistas llaman efecto comportamiento: los incentivos y desincentivos que condicionan una decisión, en este caso la de coger o prolongar una baja.

El problema es que ese efecto comportamiento no lo explica todo. Según el análisis, representa el 62% del incremento acumulado de bajas. El 38% restante responde a factores estructurales e irreversibles: envejecimiento de la población trabajadora —más del 35% de los empleados en España tiene ya más de 50 años—, aumento de las enfermedades crónicas, mayor reconocimiento de patologías como el burnout o los trastornos de salud mental, y mejora en el acceso al diagnóstico.

Dicho de otra forma: incluso recuperando el artículo 52.d), una parte relevante del incremento de bajas no desaparecería. No porque los trabajadores no quieran trabajar, sino porque el perfil demográfico y de salud de la fuerza laboral española ha cambiado estructuralmente.

El debate tiene también una dimensión política que conviene no ignorar. El PP se abstuvo en 2020 cuando se derogó esa norma, pese a que fue su propio gobierno el que en 2012 la había introducido. La coherencia no es el fuerte de ningún lado en este asunto. Y mientras la política debate qué hacer con el palo, nadie habla demasiado de la zanahoria: mejorar la prevención, reducir los riesgos psicosociales en el trabajo y agilizar los procesos de retorno al empleo tras una baja.

El absentismo en España se sitúa en torno al 7% de las horas pactadas. Es una cifra alta. Pero la solución no pasa únicamente por hacer más fácil el despido. Pasa por entender qué parte del problema es evitable con buenos incentivos y qué parte refleja una realidad laboral y demográfica que ninguna reforma del Estatuto va a cambiar.