El presidente del Gobierno ha dejado ver por dónde quiere mover ficha en la política de alquiler. En una entrevista, Pedro Sánchez defendió bonificaciones fiscales para los pequeños propietarios que limiten las subidas de renta al IPC o directamente las congelen. Su argumento es que el Estado debe unir a caseros e inquilinos en lugar de enfrentarlos, y que la herramienta para lograrlo es el incentivo fiscal. La idea no es nueva, porque el Ejecutivo ya había avanzado a comienzos de año un planteamiento en esa línea, pero ahora vuelve a ponerla en primer plano.
La lógica de la propuesta es sencilla. Si el propietario que mantiene la renta estable recibe una compensación en sus impuestos, el sacrificio de no subir el precio queda parcialmente amortiguado. Así se evita recurrir a topes impuestos por ley, que han sido el gran foco de fricción política en los últimos años y que a menudo han chocado con la resistencia de los propietarios, de las comunidades gobernadas por la oposición y de una parte del Congreso. Es, en esencia, cambiar la obligación por el premio, con la esperanza de que el pequeño propietario, que es el grueso de la oferta de alquiler en España, acepte voluntariamente un marco más estable.
Hay detalles que todavía no se conocen. No se ha precisado el tamaño de la bonificación, qué propietarios podrían acogerse, cuánto costaría a las arcas públicas ni cómo se aplicaría en la práctica el límite del IPC. Tampoco hay un calendario para llevarla a una norma. Esa falta de concreción es importante, porque el atractivo de cualquier incentivo depende de su cuantía: una bonificación pequeña difícilmente cambiará las decisiones de quien puede obtener más rentabilidad subiendo el alquiler o vendiendo, mientras que una muy generosa tiene un coste fiscal que alguien deberá financiar.
La propuesta no llega sola. Sánchez la enmarcó en un paquete más amplio de medidas. Una de ellas es aumentar la vivienda protegida y asequible, un terreno donde reconoció que el esfuerzo es todavía escaso, porque solo entre el 5 % y el 6 % de las viviendas que se construyen cada año entran en esa categoría. Otra es la transparencia de precios, con índices de referencia públicos en las zonas donde se compra o se alquila, de forma que el ciudadano tenga más capacidad de negociación al sentarse con el propietario.
También habló de los contratos. Planteó la posibilidad de fomentar los de larga duración frente a los arrendamientos cortos, con prórrogas automáticas y con excepciones para los casos en que el propietario necesite la vivienda para sí mismo o decida venderla. Es una fórmula que busca dar estabilidad al inquilino sin cerrar la puerta a quien tiene un motivo legítimo para recuperar el inmueble.
El tercer frente es el de los grandes tenedores. El presidente quiere limitar la compra de viviendas por parte de fondos de inversión con fines especulativos y recordó que el decreto de vivienda del Gobierno definió el concepto de «fondo buitre» precisamente para acotar esos abusos. Añadió que se ha eliminado el programa de Golden Visa, una medida que el Ejecutivo presenta como parte del esfuerzo por que la vivienda deje de ser un activo de inversión para extranjeros.
En paralelo, Sánchez lanzó un reproche a las administraciones territoriales. A su juicio, hay comunidades autónomas y ayuntamientos que no están utilizando las herramientas legales que ya tienen a su disposición, y recordó que varios reales decretos-leyes del Gobierno en materia de vivienda fueron rechazados en el Congreso. Es una forma de repartir responsabilidades en un asunto en el que cada nivel de la administración tiende a señalar al otro.
Las reacciones, como casi siempre en este asunto, pueden anticiparse por posiciones de partida. Quienes defienden la regulación firme del mercado recelan de un esquema voluntario que, a su juicio, deja el control en manos de los propietarios y puede acabar siendo ignorado en las zonas más tensionadas. Quienes defienden el mercado libre ven con mejores ojos el incentivo que el tope, aunque suelen pedir que no se limite a la contención de precios y que se acompañe de más seguridad jurídica frente a la ocupación y de agilidad en los desahucios. En medio, los pequeños propietarios y los inquilinos observan una propuesta cuyo efecto real dependerá de su letra pequeña.
Lo que sí se desprende de las declaraciones es un cambio de tono. Tras varios intentos de regulación que no lograron los apoyos necesarios, el Gobierno parece dispuesto a explorar un camino menos conflictivo, basado en la adhesión voluntaria. Si funciona o no dependerá de tres cosas que hoy siguen abiertas: cuánto se bonifica, a quién se dirige y en qué momento se convierte en norma.