El pulso entre la Junta de Andalucía y el Gobierno central por la vivienda suma un nuevo capítulo, y esta vez con destino previsible en el Tribunal Constitucional. La consejera de Vivienda, Rocío Díaz, ha confirmado que su departamento prepara un recurso contra los dos decretos-ley aprobados por el Ejecutivo el pasado 6 de octubre, que considera una invasión de competencias autonómicas y un ataque a la propiedad privada. Y en los últimos días ha ampliado el foco al reparto de fondos para zonas tensionadas, que también está analizando por si hubiera aspectos inconstitucionales.

Los decretos llegan en una situación inusual. El Congreso rechazó los textos anteriores el 2 de octubre, y apenas cuatro días después el Gobierno aprobó dos nuevos con pocos cambios, que se votarán el 12 de noviembre en la Diputación Permanente. La consejera lo califica de «trampa democrática»: a su juicio, se devuelve al Parlamento una norma que ya había rechazado, esta vez en un órgano más reducido. El Gobierno defiende que el instrumento es legítimo y que responde a una situación de urgencia en el mercado de la vivienda.

El primero de los decretos prevé la prórroga automática e indefinida de los alquileres de vivienda habitual, con entrada en vigor prevista el 15 de noviembre si se convalida. El segundo, que ya rige desde su publicación, suspende temporalmente los desahucios de personas vulnerables e incluye beneficios fiscales y créditos del ICO para la compra de una primera vivienda. Son dos medidas de naturaleza distinta, una dirigida a dar estabilidad al inquilino y otra a proteger a los hogares más frágiles y a facilitar el acceso a la propiedad.

Los argumentos de la Junta son dos. El primero, competencial: la vivienda es una materia transferida a las comunidades, y Andalucía sostiene que el Estado no puede regularla con el alcance con que lo hacen estos decretos. El segundo, de fondo: la consejera defiende que limitar la capacidad del propietario para recuperar o actualizar sus alquileres vulnera el derecho a la propiedad y genera inseguridad jurídica. Según su gabinete jurídico, hay posibles indicios de inconstitucionalidad y un recurso podría prosperar, aunque eso es una valoración de parte y solo el Tribunal podrá resolverlo.

Díaz añade un argumento práctico. Sostiene que los decretos ya están sacando viviendas del mercado del alquiler y habla de varios miles de inmuebles retirados, además de un clima de miedo entre los propietarios. Subraya que la inmensa mayoría de los pisos en alquiler pertenecen a pequeños propietarios y no a grandes tenedores, y critica lo que describe como una demonización de propietarios y fondos que, dice, no ayuda a ampliar la oferta. Estas cifras proceden de la propia consejera y no están contrastadas de forma independiente; los datos que ha manejado no coinciden exactamente de una intervención a otra.

El trámite interno todavía no ha terminado. El acuerdo para recurrir debe pasar por la comisión general de viceconsejeros, después por el Consejo Consultivo y, finalmente, por el Consejo de Gobierno, de modo que no hay una fecha cerrada para presentarlo. Es una razón por la que algunos titulares hablan de que Andalucía «estudia» recurrir y otros de que «recurrirá»: la decisión política está tomada, pero el procedimiento formal sigue abierto.

A la disputa sobre los decretos se suma otra sobre las zonas tensionadas. El Consejo de Ministros aprobó el 20 de octubre un real decreto de subvenciones directas que duplica los fondos, hasta 180 millones, y que se reparte entre comunidades que han declarado esas zonas. La mayor parte se la lleva Cataluña, con una cuantía muy superior a la de País Vasco, Navarra, Galicia y Asturias, y Andalucía queda fuera porque no ha declarado ninguna. La Junta rechaza esas declaraciones porque, a su juicio, restringen la oferta, recuerda que ningún ayuntamiento andaluz las ha pedido y denuncia un «sesgo político» en el reparto. El Gobierno responde que Andalucía y Madrid, sin zonas tensionadas, siguen sin hacer los deberes.

Detrás de esa discrepancia hay dos modelos. La Junta defiende las llamadas áreas prioritarias de vivienda, que prevé su ley autonómica en vigor desde enero y que dan preferencia en los programas del plan andaluz y agilizan el planeamiento urbanístico, pero sin limitar las rentas del alquiler libre. Apuesta por incentivos, suelo y rehabilitación frente a restricciones. Las zonas tensionadas, en cambio, permiten limitar subidas de renta y dan bonificaciones fiscales a propietarios que bajen el alquiler. Cada Gobierno cree que el suyo atrae oferta y que el del otro la espanta.

El choque tiene además una lectura de calendario. La vivienda aparece como el principal problema del país en el último barómetro, con más de la mitad de las menciones, y ninguna de las dos administraciones quiere cargar con la responsabilidad. La Junta presume de un presupuesto para 2027 con más dinero para vivienda y de un objetivo de miles de protegidas en la legislatura; el Gobierno central, de haber duplicado los fondos de apoyo y de impulsar medidas de protección. Lo que decida el Constitucional, sea cual sea la fecha, marcará hasta dónde puede llegar el Estado en una materia que las comunidades consideran suya.