El precio del alquiler sigue subiendo y encontrar una vivienda asequible se ha convertido en una de las mayores preocupaciones de los españoles. Octubre terminó con un incremento interanual del 5,6 % y un precio medio de 15,1 euros por metro cuadrado. En las grandes ciudades la presión es todavía mayor: Madrid es la capital más cara para alquilar, con 23,4 euros por metro cuadrado, seguida de Barcelona, con 20,5. Son cifras que han devuelto la vivienda al centro del debate político, en plena cuenta atrás para las elecciones generales del 29 de noviembre.

El acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales motivos de enfrentamiento entre el Gobierno y la oposición. La tensión aumentó tras el caso de una mujer cuyo desahucio y posterior fallecimiento reavivaron las protestas de los colectivos sociales y las reclamaciones para reforzar la protección de los inquilinos. En ese contexto, el Ejecutivo de Pedro Sánchez puso sobre la mesa dos reales decretos ley con medidas para facilitar el acceso a la vivienda y dar más seguridad a quienes viven de alquiler.

Pero la propuesta no consiguió los apoyos necesarios en el Congreso. El 2 de octubre, el PP, Vox y Junts votaron en contra de los dos decretos, y su rechazo dejó al Gobierno sin sus principales medidas en materia de vivienda. La posición de Junts fue especialmente determinante en la derrota parlamentaria y abrió un escenario de incertidumbre política. Tres días después, el 5 de octubre, Sánchez anunció la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones para el 29 de noviembre, una decisión que se hizo oficial al día siguiente con su publicación en el BOE. El presidente defendió que había que acudir a las urnas para buscar una mayoría parlamentaria que permita sacar adelante su agenda.

En ese ambiente, algunos economistas sostienen que el mercado del alquiler ya ha acusado el golpe. Su tesis es que el sector ha frenado en seco: la combinación de un vaivén regulatorio constante y la incertidumbre ante las elecciones ha provocado, a su juicio, una parálisis inédita. Los arrendadores dudan de la duración de los contratos, de la actualización de las rentas y de la capacidad real de recuperar su propiedad cuando la necesiten, y esa inseguridad jurídica los lleva a congelar decisiones.

La reacción inmediata del propietario, según este diagnóstico, es retirar la vivienda del mercado o no sacarla como vivienda habitual. Y la consecuencia la pagan los inquilinos: menos oferta disponible, contratos paralizados y una presión sobre los precios que consideran insostenible. En su lectura, la inestabilidad legislativa y el intervencionismo erosionan la confianza del inversor, y sin seguridad para la propiedad privada el mercado del alquiler se asfixia.

Es una lectura que no comparten todos. Los colectivos sociales y quienes defendían los decretos sostienen que el problema de fondo es justo el contrario, la falta de protección de los inquilinos ante unos precios que no dejan de subir, y que sin nuevas medidas la situación de quienes viven de alquiler seguirá deteriorándose. Los datos de octubre, con una subida generalizada de las rentas en todas las comunidades, alimentan ambos relatos: para unos prueban que falta oferta, para otros que falta regulación.

Lo único cierto, de momento, es que la política de vivienda queda en suspenso hasta que haya un nuevo Gobierno. Habrá que esperar al resultado de las urnas el 29 de noviembre y a ver cómo se legisla en esta materia durante los próximos meses.