El paquete de vivienda aprobado por el Gobierno tiene ya precio. Las cuentas más recientes sitúan su coste fiscal en torno a 1.300 millones de euros anuales entre 2027 y 2031. Casi todo ese dinero no sale en forma de gasto nuevo, sino de recaudación que se pierde: 1.152 millones en 2027 y 1.331 millones al año desde 2028. Lo que sí es gasto directo apenas pesa, unos 5 millones en costes financieros del mecanismo «Tu Casa». El resto es una decisión política: renunciar a ingresar para que alquilar, comprar o rehabilitar resulte menos caro.

La cifra llega en un momento delicado. El real decreto-ley está en vigor desde principios de octubre, pero necesita convalidación, que previsiblemente se votará el 12 de noviembre en la Diputación Permanente, porque las Cortes están disueltas y las elecciones son el 29 de noviembre. Antes de este texto hubo otros dos decretos que el Congreso rechazó el 2 de octubre. El Ejecutivo los rescató con cambios pocos días después. Cada euro de coste que se publique alimentará, por tanto, un debate que ya es de campaña.

Qué incluye el paquete

Son 21 medidas, y varias merecen detalle porque son las que explican el coste:

Alquiler: entre la entrada en vigor y el 31 de diciembre de 2027, las rentas que superen el índice de referencia no podrán subir; en el resto de casos, sin acuerdo entre las partes, la actualización anual no podrá pasar del 2 %. Los inquilinos al corriente de pago podrán pedir una prórroga extraordinaria de hasta dos años para contratos que venzan antes de 2029, salvo que el propietario necesite la vivienda para sí o para familiares.
Desahucios: protección hasta el 31 de diciembre de 2030 para personas vulnerables sin alternativa habitacional. Si la comunidad autónoma no la ofrece, tiene dos meses para actuar; si no lo hace, la suspensión se mantiene.
Compras especulativas: hasta el 31 de diciembre de 2028 se limita que entidades cuyo objeto social incluya la vivienda compren por debajo del 70 % del valor de tasación, con excepciones para vivienda asequible o social y para colectivos vulnerables.
Turismo y alquileres de temporada: IVA del 10 % para los pisos turísticos, frente al 4 % de la vivienda protegida; los alquileres de temporada deberán justificar su causa y no podrán superar los 12 meses sin ella; en el alquiler por habitaciones, la suma de las rentas no puede exceder el precio de la vivienda completa. Los ayuntamientos podrán aplicar recargos en el IBI de hasta el 50 %, y del 100 % para quienes tengan cuatro o más inmuebles.
Incentivos fiscales: deducción del 10 % en el IRPF para inquilinos con base imponible inferior a 33.007,20 euros. Para propietarios, una deducción general del 50 % que puede llegar al 100 % si rebajan la renta más de un 5 % al renovar, y que se reduce hasta el 15 % si la suben más de un 20 %.
«Tu Casa»: préstamos públicos al 0 %, sin comisiones, de hasta el 20 % del valor de la vivienda con un máximo de 50.000 euros, para la entrada de la primera vivienda. Se canalizan a través del ICO, que gestiona un fondo de 10.000 millones, y las casas compradas quedan sujetas a un precio máximo de transmisión.
Oferta: 280 millones en avales para construcción industrializada y 400 millones adicionales para acelerar promociones asequibles, además de la movilización de suelo y edificios de la Seguridad Social a través de Casa 47.