El Gobierno ha puesto cifra a la subida del salario mínimo para 2027: 1.286 euros al mes en 14 pagas, 18.004 euros al año, un 5,3 % más que los 1.221 euros actuales. Son 65 euros mensuales más para unos 2,5 millones de personas, y llega en un momento en que casi todo está en juego a la vez: la inflación media de enero a octubre ha sido del 3,5 %, el Congreso está disuelto, las elecciones son el 29 de noviembre y el borrador se somete a audiencia pública hasta el 16 de noviembre. La subida supera en cuatro décimas la que recomendaba el comité de expertos, que proponía un 4,9 %, y el Ejecutivo quiere aprobarla antes de las elecciones.

Qué cambia exactamente

Solo tienen que subir los salarios anuales que queden por debajo de los 18.004 euros; quien ya cobra más no se ve afectado. Para los contratos de hasta 120 días en la misma empresa, el mínimo será de 60,88 euros por jornada legal, y para el empleo de hogar por horas, de 10,06 euros por hora trabajada. Las ayudas y prestaciones que usan el SMI como referencia mantienen en 2027 el valor anterior, 1.221 euros, salvo que se diga expresamente lo contrario. Y la exención del SMI en el IRPF, que Hacienda defiende, sigue pendiente de una reforma legal que tendría que pasar por la Diputación Permanente o por el nuevo Congreso.

La justificación oficial combina el IPC, la productividad, el peso de las rentas del trabajo y la coyuntura, e incluye compensar un desfase: la subida de comienzos de este año fue del 3,1 % y la inflación está resultando algo mayor. En los últimos años, el SMI ha subido un 66 %.

El debate: demasiado poco o demasiado pronto

Ni los sindicatos ni la patronal respaldan el texto. CCOO y UGT piden un 7 %, y Podemos pide al menos 1.800 euros al mes. CEOE y Cepyme sostienen que la decisión debería esperar al resultado electoral y acusan al Gobierno de usarla políticamente, y reclaman que se negocie con criterios económicos objetivos. Es una discusión que se repite cada año con distinto tono pero con la misma estructura: los sindicatos quieren más, las empresas piden más tiempo y el Gobierno pone la cifra en el centro.

Las empresas: costes y no solo salario

Para el empresario, el SMI no es solo el sueldo. Sobre los 18.004 euros anuales hay que sumar las cotizaciones a cargo de la empresa, que hacen que el coste real de un trabajador con salario mínimo ronde los 23.700–24.800 euros al año. La subida de 65 euros mensuales equivale a unos 910 euros anuales de salario y a unos 1.200 euros anuales de coste total por trabajador, es decir, en torno a 100 euros más al mes. En una gran empresa con pocos empleados en ese tramo es un ajuste menor; en un comercio, un bar o una explotación agraria donde buena parte de la plantilla cobra el mínimo, es una partida que se nota.

La experiencia de la subida del 22 % de 2019 sugiere dónde se concentran los efectos. Hubo un frenazo en el crecimiento del empleo entre los trabajadores afectados, con más peso en las empresas pequeñas y las microempresas, y menos contratos indefinidos y algo más de empleo a tiempo parcial en las empresas de hasta 250 empleados. El empleo total, sin embargo, siguió creciendo ese año en torno a 400.000 personas: el efecto fue un crecimiento más lento, no una caída. Las estimaciones sobre cuántos puestos se perdieron varían mucho según el método, desde unos pocos miles hasta cerca de 170.000, y quienes han analizado el caso advierten de que no conviene extrapolarlo sin más, porque desde entonces la legislación laboral ha limitado la contratación temporal y el SMI alcanza hoy a una proporción mayor de trabajadores. Tampoco recogen el efecto positivo sobre el consumo que genera una subida salarial, que es el argumento que más repiten quienes defienden aumentos.

El impacto no es el mismo en todo el territorio. Con los datos de 2025, el SMI equivalía a cerca del 90 % del salario medio en Extremadura, al 84 % en Andalucía y a más del 80 % en Murcia y Canarias, mientras que en Cataluña, Madrid, Navarra y el País Vasco quedaba por debajo del 60 %. Cuanto mayor es esa proporción, más empresas tienen que ajustar a la vez, y más probable es que el coste termine en precios, en márgenes o en plantilla.

Para atenuar el golpe, el Gobierno propuso a comienzos de año una deducción en el impuesto de sociedades que podía llegar al 100 % de la subida para las empresas que ampliaran plantilla con sueldos por encima del mínimo, con condiciones como mantener el empleo durante dos años. La patronal la rechazó por considerarla inalcanzable para la mayoría y por dejar fuera a autónomos y a las empresas en pérdidas. No se ha anunciado todavía una fórmula equivalente para 2027.

La vivienda: donde el SMI choca con el mercado

Es en la vivienda donde la subida se mide con más claridad. Un trabajador con salario mínimo cobra, tras descontar el 6,5 % de la Seguridad Social, unos 1.202 euros netos con el nuevo SMI. Si se aplica el criterio de que el alquiler no supere el 30 % de los ingresos netos, el máximo asequible sería de unos 361 euros al mes, frente a los 342 euros que resultaban con el SMI actual. Es una diferencia de 19 euros: suficiente para rozar los alquileres más baratos de los programas públicos, cuyos precios empiezan en 350 euros al mes, pero lejos de lo que cuesta un piso en el mercado libre.

En el mercado libre, el alquiler de nueva oferta cuesta 15,1 euros por metro cuadrado, de modo que un piso tipo de 80 metros cuadrados sale por unos 1.208 euros al mes, el 80 % del salario bruto mensual prorrateado de un SMI (1.500 euros). Una subida de 65 euros no cierra esa distancia: la cuestión no es solo cuánto sube el sueldo, sino a qué ritmo suben las rentas. Los nuevos contratos suben más rápido que el IPC; los vigentes, menos. Una subida del 5,3 % supera tanto al 3,5 % de inflación como al tope del 2 % que el decreto de vivienda fija para la actualización de rentas en contratos en vigor, de modo que, para quien ya tiene casa alquilada, el salario mínimo recupera algo de terreno, aunque para quien busca piso no cambia la situación.

Para el mercado de compra, el efecto es más indirecto. Quienes cobran el mínimo rara vez acceden a una hipoteca por sí solos; el impacto llega por los hogares con dos salarios bajos y por la demanda de alquiler, que es la antesala de la compra.

Dos lecturas de la misma cifra

Quienes defienden la subida señalan que es un 1,8 % por encima de la inflación media, que sostiene el poder adquisitivo de los salarios más bajos y que impulsa el consumo. Quienes la critican temen que la acumulación de subidas comprima los márgenes de las pymes, frene la contratación de perfiles de baja cualificación y traslade el coste a los precios, que son precisamente los que más pesan en el presupuesto de ese mismo trabajador. La evidencia disponible no da la razón por completo a ninguno de los dos bandos: el empleo no se hunde, pero la subida deja efectos desiguales según el tamaño de la empresa, el sector y la comunidad.

Queda por saber cuándo y cómo se aprueba. La audiencia pública acaba el 16 de noviembre, las elecciones son el 29, y entre ambas fechas decidirá el Gobierno si aprueba el real decreto en funciones o espera al nuevo Ejecutivo. Mientras tanto, el valor de referencia sigue siendo el de 2026: 1.221 euros.