Sareb tiene una orden clara: traspasar 40.000 viviendas a Casa 47, la nueva entidad estatal de vivienda asequible, y hacerlo cuanto antes. Entre esos inmuebles hay 3.000 pisos ocupados ilegalmente que deberán quedar vacíos sin pasar por los tribunales.

El reto no es menor. Un lanzamiento judicial puede demorarse un mínimo de tres años y hasta diez si se trata de edificios enteros, con cada caso repartido en un juzgado distinto. Con la liquidación de Sareb fijada para noviembre de 2027, los plazos no dan margen para esperar a los juzgados. La solución que ha puesto en marcha el Gobierno es la desokupación extrajudicial: negociar acuerdos amistosos con los ocupantes a cambio de alternativas habitacionales, evitando el proceso judicial y acelerando el vaciado.

Las plataformas Aliseda-Anticipa y Servihabitat, adjudicatarias del último contrato de gestión de Sareb, serán las encargadas de ejecutar ese proceso. A cambio, cobrarán una prima de adecuación por reformar las viviendas y dejarlas habitables, ya que muchas están en mal estado.

La contradicción política que encierra esta operación es difícil de ignorar. El mismo Gobierno que durante años relativizó el problema de la okupación como un fenómeno marginal ahora encarga una desokupación masiva de 3.000 inmuebles del banco malo para poder trasladarlos al parque público. La urgencia no es ideológica. Es económica y de calendario.

Sareb arrastra una deuda de 27.500 millones de euros y unas pérdidas acumuladas que ya superan los 12.700 millones, que desde 2022 computan como déficit público. Cada mes que un piso permanece ocupado ilegalmente es un activo que no genera ingresos, genera costes de mantenimiento y no puede transferirse a Casa 47. El incentivo para actuar rápido es puramente financiero.

La gran incógnita es si la desokupación extrajudicial funcionará a la escala necesaria y en el tiempo disponible. La clave estará en si los gestores consiguen vaciar los pisos mediante acuerdos antes de que los juzgados frenen el proceso, y en si las comunidades autónomas colaboran activamente en la administración del nuevo parque público. Sin esa colaboración, los plazos no se cumplen y Casa 47 recibe un parque de vivienda más pequeño del prometido.