El decreto de vivienda aprobado el 28 de julio incluye un sistema escalonado de deducciones para propietarios según lo que hagan con la renta:
Bajan el precio al menos un 5%: deducción del 100%. El ingreso no tributa nada. Mantienen precio con mismo inquilino o joven de 18-35 años: 70%. Mantienen precio con nuevo inquilino: 50%. Suben hasta un 19%: entre 15% y 40%. Suben un 20% o más: 15%.
Para los inquilinos jóvenes menores de 35 años con ingresos inferiores a 24.107 euros: deducción del 10% sobre lo pagado, hasta 904 euros al año.
La lógica es correcta: usar el sistema fiscal para incentivar comportamientos en lugar de prohibirlos. Es más eficiente que la regulación coercitiva y genera menos rechazo en el mercado.
El problema es el contexto en que llega.
Primero: el decreto aún tiene que convalidarse en el Congreso. Ya cayó uno prácticamente idéntico en abril. Junts exige además la recuperación de la deducción por hipoteca, suprimida en 2013. Sin ese acuerdo, el decreto no prospera.
Segundo: una deducción del 100% sobre rentas de alquiler es atractiva para el propietario que ya tiene inquilino y renueva. Pero no moviliza el piso vacío que nunca ha estado en el mercado. El que no alquila por miedo a impagos, por inseguridad jurídica o por preferir tenerlo vacío, no cambia de decisión por una ventaja fiscal sobre rendimientos que no genera.
Tercero: el IVA del 21% al alquiler turístico que incluye el mismo decreto es una señal clara al mercado de que el Gobierno quiere redirigir oferta vacacional hacia arrendamiento residencial. Es coherente con el objetivo general, aunque su impacto real dependerá de la presión inspectora.
El decreto tiene más piezas bien pensadas que los anteriores. El reto es aprobarlo. Y luego que funcione.