Sumar ha presentado en el Congreso una propuesta para que sea ilegal alquilar una vivienda sin climatización. Al menos una unidad de aire acondicionado como requisito mínimo para poder firmar un contrato de arrendamiento. El portavoz de Vivienda de la formación, Alberto Ibáñez, lo resumió sin rodeos: es inhumano que alguien pague 2.000 euros al mes por un piso donde se asa de calor con un ventilador de pie.
El argumento tiene sentido en términos de confort y salud. Las olas de calor son cada vez más frecuentes e intensas, y muchas viviendas en alquiler, especialmente las más asequibles, carecen de climatización. El problema no es el diagnóstico. El problema son las consecuencias de la solución propuesta.
La primera y más obvia: añadir un requisito obligatorio a una oferta de alquiler que ya está en mínimos históricos. Cada nueva exigencia que se impone al propietario tiene una respuesta predecible en un mercado con escasez estructural: más propietarios que deciden no alquilar, vender, pasarse al turístico o dejar el piso vacío. La medida más proteccionista puede terminar reduciendo aún más la oferta disponible para quien más la necesita.
La segunda: la aplicación territorial. En Galicia, Asturias, Cantabria o el Pirineo aragonés, el aire acondicionado es casi anecdótico. ¿Se aplicaría igual en Sevilla que en Oviedo? ¿Se exceptuarán zonas por clima? La propuesta, tal como está formulada, no responde a esas preguntas.
La tercera, la que más descoloca: casi todas las escuelas públicas españolas carecen de aire acondicionado. Millones de alumnos soportan cada verano temperaturas que en un aula pueden superar los 35 grados. Si la climatización es un derecho en la vivienda de alquiler, la coherencia pediría que lo fuera también donde los niños pasan seis horas al día. Pero de eso, de momento, no hay propuesta.
La intención de Sumar es legítima. Las condiciones en muchas viviendas de alquiler en España son objetivamente mejorables. Pero en un mercado donde la oferta cae cada trimestre y los precios no paran de subir, añadir obligaciones sin compensar el coste para el propietario es una fórmula que ya hemos visto funcionar al revés de lo que promete.