Uno de cada tres inquilinos en España se vio obligado a mudarse por motivos económicos en el último año, principalmente por subidas de alquiler o finalización de contratos que no se renovaban o lo hacían con aumentos insostenibles. Son las llamadas mudanzas económicas. Gente que no abandona su barrio por elección, sino porque no le queda otra opción.
El 53,7% de los españoles declara haber tenido que tomar alguna decisión residencial por el coste del alquiler: un 16,3% se mudó a una vivienda más pequeña y económica, un 12,7% empezó a compartir piso y un 12,1% se trasladó a las afueras. Más de la mitad del país reorganizando su vida alrededor del precio del alquiler.
El 66% de los hogares destina más del 30% de sus ingresos al alquiler, superando en la mayoría de casos el 35% recomendado para evitar el sobreendeudamiento. Y la situación empeora: los hogares que pueden pagar el alquiler únicamente con el salario han pasado del 70% al 66% en un año. Los que recurren a ayuda de familiares o amigos han pasado del 5,5% al 8,5%.
La pobreza entre inquilinos ha aumentado hasta el 32,6% y el riesgo de exclusión social se sitúa en torno al 43,6%. No son cifras abstractas. Son millones de personas para las que el alquiler ya no es un gasto más, es la variable que lo condiciona todo.
Uno de cada ocho hogares vive con 1.000 euros al mes o menos, un indicador que en tres años ha pasado del 6,7% en 2023 al 12,2% en 2026. Mientras el alquiler medio supera los 15 euros por metro cuadrado en máximos históricos, los ingresos de la parte más vulnerable no crecen al mismo ritmo.
El mercado de alquiler en España no solo tiene un problema de precios. Tiene un problema de estructura. Y mientras el debate político se centra en los topes y las zonas tensionadas, un tercio de los inquilinos ya ha tomado la decisión más dolorosa: mudarse porque donde vivía ya no pueden permitírselo.