Durante demasiado tiempo España ha tratado la vivienda como una sucesión de ciclos privados: momentos de construcción, momentos de crisis y periodos de espera. Esa lectura se ha quedado pequeña. El acceso residencial condiciona hoy dónde puede trabajar una persona, cuándo puede formar una familia, cuánto puede ahorrar y si puede aceptar una oportunidad profesional en otra ciudad.
Cuando un mercado determina tantas decisiones colectivas, deja de ser únicamente un mercado. Se convierte en infraestructura económica. La escasez de vivienda en los lugares donde se concentra el empleo reduce movilidad laboral, expulsa talento, ensancha la desigualdad patrimonial y obliga a dedicar una parte creciente de la renta a un activo que no aumenta por sí mismo la productividad.
La respuesta exige continuidad institucional: suelo finalista, licencias previsibles, transporte coordinado con los nuevos desarrollos, seguridad jurídica y colaboración público-privada. Ninguna medida aislada resolverá una década de oferta insuficiente.
El error sería confundir anuncios de miles de viviendas con hogares disponibles. Entre la aprobación, urbanización, construcción y entrega pueden pasar años. La política residencial debe medirse por llaves entregadas y barrios habitables, no por titulares.
La vivienda necesita la misma visión de largo plazo que las redes energéticas o ferroviarias. No porque el Estado deba sustituir al mercado, sino porque el mercado no puede producir ciudad sin reglas, suelo e infraestructuras coherentes.